22/11/2021
Como los derechos sociales se manifiestan generalmente en prestaciones o acciones directas del Estado (por medio de servicios como el sistema de salud, el sistema educacional o la seguridad social), es necesario generar, al mismo tiempo de consagrarse, los mecanismos para su financiamiento. Esto busca generar recursos que sean: (i) suficientes con la naturaleza del compromiso que el Estado asume respecto de los ciudadanos y (ii) sostenibles en el tiempo para que estos compromisos también los gocen las generaciones futuras.
En la medida que aumenta el catálogo de derechos sociales, el Estado va necesitando más recursos disponibles. Comúnmente, el mecanismo principal para el financiamiento de estas prestaciones son los impuestos.
Sin perjuicio de que coexisten otros modos para aumentar los recursos disponibles para financiar los derechos sociales, lo cierto es que los impuestos juegan un rol central en esta función. Un modo de aproximarse a esto y saber cuánta carga impositiva es necesaria en relación al tamaño de una economía, es la relación entre la recaudación de impuestos y el producto interno bruto (PIB) de un país. Por ejemplo, si el promedio de la OECD muestra que los impuestos representan casi un 34% del PIB, en Chile los impuestos representan un 20%. Esto permite preguntarse si acaso tenemos un sistema tributario que permite recaudar suficientes recursos para financiar más derechos o aún hay espacio para mejorar. Revisa estos datos de la OECD acá.