30/11/2021
Consagrar el derecho a la educación es una cuestión ineludible dentro del debate constitucional y muy probablemente no haya quien diga lo contrario, las diferencias vienen respecto de qué entendemos por garantizar este derecho esencial y cómo plasmarlo en el texto constitucional, lo que será sin duda uno de los debates más complejos e interesantes del proceso.
La educación como un derecho fundamental garantizado supone ponerla al centro del debate público en la medida que compromete múltiples aspectos de la vida en comunidad; desde desarrollo personal y capacidades laborales y de conocimiento, hasta el fortalecimiento de la comunidad comprometida con principios y valores democráticos.
Que el derecho a la educación sea considerado un derecho social supone entenderlo, ante todo, como un compromiso basado en la igualdad que nos reconocemos recíprocamente como ciudadanos. Esta reciprocidad implica que estos derechos y la educación en particular, tienen una dimensión colectiva que excede el interés puramente individual. Esto no implica que la provisión del derecho a la educación deba ser monopolizada por el Estado. Parte importante de los sistemas de educación es la participación de múltiples proyectos educacionales tanto estatales como privados. Sin perjuicio de lo anterior, parece atendible que, en la provisión de derechos sociales como la educación, la participación de proyectos educacionales privados debe someterse a ciertas exigencias que resguarden esa dimensión colectiva de todo derecho social.
Ahora bien, en la actual Constitución no se establece una formación igualitaria para todos y todas y tampoco la exigencia de garantizar calidad, privilegiando la libertad de elegir de los padres y al Estado con el deber “especial” de proteger ese derecho a elegir. Sin embargo, los problemas de la educación chilena, en todos sus niveles, desde los niveles de escolarización universal (básica y media obligatorios), junto con los niveles no obligatorios (pre-escolar y superior) son un asunto de urgencia y relevancia pública. Solo por nombrar algunos, vemos como, en relación con la calidad y los niveles de aprendizaje, por ejemplo, los problemas abarcan todo el sistema educativo, tanto público como privado. Por ejemplo, según los resultados de la prueba PISA, de 2018, la realidad no es auspiciosa. Sin perjuicio de estar en el tope de los resultados a nivel latinoamericano, estamos muy lejos de la media de la OECD. Los resultados de la prueba PISA 2018 revelan una realidad que no es auspiciosa y muestran cómo seguimos estancados en el ranking. En lectura ocupamos el lugar 43 de 79 países con un promedio de 452 puntos, debajo de los 487 puntos promedio de la OCDE. En ciencia ocupamos el lugar 45 con un promedio de 444 puntos, también debajo del promedio OCDE de 489 puntos y en Matemática ocupamos el lugar 59 con un promedio de 417 puntos nuevamente bajo el promedio OECD de 500 puntos.
Las brechas educacionales determinadas por factores económicos son altas, lo que repercute también en el nivel de la calidad donde estudiantes de altos recursos acceden a niveles de educación significativamente más altos que los estudiantes de bajos recursos. En términos del rol fiscalizador del estado, y sin perjuicio de la creación de la Superintendencia de Educación, también se observa aún mucho incumplimiento de la normativa sectorial. El COVID-19 también reveló parte de las desigualdades estructurales en Chile. Docentes, directivos, sostenedores, apoderados y estudiantes vieron trastocado el proceso educacional, teniéndose que adaptar a nuevas formas educacionales. Las brechas educativas son evidentes, especialmente respecto a las grandes desigualdades en el acceso y manejo de las tecnologías. Por otro lado, y según Educación 2020, la educación pública muestra una realidad preocupante. La matrícula en la educación escolar pública ha descendido sostenidamente de un 80% en 1973 a un 35% actual.
La educación como un derecho fundamental garantizado supone ponerla al centro del debate público en la medida que compromete múltiples aspectos de la vida en comunidad; desde desarrollo personal y capacidades laborales y de conocimiento, hasta el fortalecimiento de la comunidad comprometida con principios y valores democráticos. Todo lo mencionado implica, por lo tanto, revisar el sistema completo, desde las instituciones, normativas, financiamiento, regulación de los proveedores, sistemas de evaluación y currículum. Por lo mismo, la nueva Constitución es una oportunidad única de transformar el derecho a la educación de una manera tal que sea el reflejo de una comunidad democrática que se toma en serio el compromiso de la igualdad de todas y todos los ciudadanos.