El desafío de hacer efectivo el derecho a la vivienda.

Consagrar el derecho a la vivienda es un gran anhelo de la población, pero que este derecho se haga efectivo depende de varios factores que van más allá de la discusión constitucional y que tiene que ver con políticas públicas y legislaciones específicas.

La ley de Solidaridad y Renovación Urbana (SRU) del año 2001 obligaba a todos los ayuntamientos a disponer de un mínimo de un 20% de viviendas sociales en sus municipios, lo que no se cumplió efectivamente siendo además congelada como ley el 2005 por el gobierno de turno. Las movilizaciones de 2007 lideradas por los “Hijos de Don Quijote” y otras asociaciones presionaron por una nueva ley que garantizara el derecho a la vivienda, llevando al primer ministro Dominique Villepin a asumir que hasta ese momento era un derecho del que nadie era legalmente responsable y que “El Estado garantiza ese derecho” pero pudiendo siempre “delegar la materialización de la responsabilidad en las colectividades territoriales que lo deseen”. Así, el año 2008 entró en vigor la reforma legislativa que reconoce el derecho a exigir una vivienda. En esa época se calculaba que había entre 80.000 y 100.000 personas viviendo en Francia sin domicilio fijo.

¿Cuál es la situación en Chile? Según el Banco Central, el año 2017 un 32% de los chilenos no tenía casa propia y vivía de arriendo o allegado. Según este estudio de la Cámara Chilena de la Construcción el 2017 el déficit habitacional en Chile afecta a 2,2 millones de personas, el análisis comparado entre la CASEN 2015 y 2017, revela una tendencia al alza, con un incremento de 13% en el déficit habitacional en el país. Por segmentos socioeconómicos, en las familias de menores ingresos el déficit habitacional total aumentó 10% entre 2015 y 2017. La situación empeora en el caso de las familias de sectores medios: aquí el déficit total se incrementó en 28%.

Si bien la Constitución no basta para garantizar este derecho, si establece ciertos criterios y principios que son relevantes. De acuerdo a esta propuesta elaborada por TECHO-Chile y la Fundación Vivienda Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, diversos textos constitucionales establecen ciertos mandatos a los poderes públicos con diferentes objetivos. La Constitución de Portugal que “El Estado, las Regiones autónomas y las corporaciones locales definen las reglas de ocupación, uso y transformación del suelo urbano, especialmente a través de instrumentos de planeamiento urbanístico en el marco de sus respectivas leyes de ordenación del territorio y urbanismo, y procederá a las expropiaciones de los suelos necesarias para satisfacer fines de utilidad pública urbanística”. Un buen primer paso sin lugar a dudas.