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Iniciativa “Será ley”

22/02/2022

Esta iniciativa, que se enmarca en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos, busca enfrentar al problema de lo que sus proponentes denominan “la falta de garantías para la interrupción voluntaria del embarazo”. La propuesta, que fue la cuarta más apoyada, logró concitar el apoyo de 38.198 ciudadanos y ciudadanas para que sea discutida y votada en el pleno de la Convención para que sea una norma constitucional.

Esta iniciativa, que se enmarca en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos, busca enfrentar al problema de lo que sus proponentes denominan “la falta de garantías para la interrupción voluntaria del embarazo”.

En opinión de sus proponentes, la existencia de la Ley Nº 21.030 sobre las tres causales de interrupción “no brinda solución integral a la cuestión del aborto, ni en términos de magnitud ni respecto de a quién corresponde la decisión. La propuesta busca, en definitiva, que la nueva Constitución reconozca la existencia de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

El reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos sería, para sus proponentes, el cumplimiento de una deuda del Estado Chileno respecto de los instrumentos internacionales que ha suscrito, entre los que se encuentran los acuerdos Convención Belém do Pará (1994), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979). Todos estos instrumentos internacionales consagran ciertos mínimos que el Estado, a través de los servicios de salud sexual y reproductiva, debería garantizar.

Y ¿cómo es la propuesta? La iniciativa propone una cláusula general que señala que el “Estado reconoce y garantiza a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado”. En seguida, la cláusula general agrega que “se reconoce y promueve el derecho de las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción, de manera libre, sin violencia ni coerción, debiendo el Estado garantizar el acceso a la información y los medios materiales para ello”.

Adicionalmente, la propuesta reconoce un conjunto de principios asociados a la autonomía, libertad e igualdad, junto con unas cláusulas que establecen obligaciones asociadas a la educación sexual, al trabajo y a la salud.

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