03/01/2022
La desigualdad estructural es sin lugar a dudas la base de los diferentes males que aquejan a nuestro país. De acuerdo a este estudio de la Cepal, el primer eje de la desigualdad y el más básico, es la clase social que además, está fuertemente determinada por la matriz económica y productiva de un país y las posiciones de los agentes en esa estructura a lo largo del tiempo, siendo una de sus manifestaciones más clara la desigualdad de ingresos, que constituye a su vez la causa y el efecto de otras desigualdades en ámbitos como la educación, la salud y el mercado del trabajo. Pero también se mencionan otros ejes que marcan esa desigualdad, como el género, la étnica, determinados momentos del ciclo de vida o las desigualdades territoriales.
La matriz de la desigualdad se compone de múltiples factores y elementos, representando un enorme desafío para las políticas públicas, que no han sido capaces de abordar el problema de fondo.
Hemos visto como diferentes organizaciones plantean la situación de desigualdad e inequidad que persiste entre las mujeres, respecto de los niños y niñas, de las personas mayores, de los pueblos indígenas, entre otros y la gran pregunta es entonces si puede la nueva constitución ayudar a cambiar esa realidad tan estructural y por ende tan enraizada en nuestra sociedad.
La respuesta no es sencilla y es justamente el debate que se está dando en la Comisión de Derechos Fundamentales. Uno de los criterios de definición de derechos que plantea el jurista italiano Luigi Ferrajoli es ver los derechos fundamentales como leyes del más débil, es decir una alternativa del grupo desaventajado frente a la ley del más fuerte: el derecho a la vida, contra la ley de quién es más fuerte físicamente o los derechos sociales como derechos de supervivencia contra la ley de quien es más fuerte social y económicamente. De acuerdo con este autor las constituciones están tanto más justificadas y legitimadas cuando mayores son las desigualdades que están llamadas a eliminar o reducir, por lo que los cambios que se implementen en el nuevo texto constitucional son clave para poder orientar una nueva oleada de políticas públicas que puedan enfrentar las desigualdades estructurales de nuestra sociedad.