15/06/2021
Que el actual sistema de pensiones necesita una reestructuración mayor es una constatación sobre la que prácticamente no hay dos lecturas. El gran debate es: ¿cuál es el mejor sistema de pensiones para Chile? ¿Uno en el que cada persona junte su propia plata mientras pueda, y si tuvo lagunas en sus cotizaciones simplemente cobra menos, con la desprotección que eso puede implicar para cada persona? ¿Uno en el que todo sea de todos y se reparta de acuerdo con las necesidades de cada quién? ¿Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario?
¿cuál es el mejor sistema de pensiones para Chile? ¿Uno en el que cada persona junte su propia plata mientras pueda, y si tuvo lagunas en sus cotizaciones simplemente cobra menos, con la desprotección que eso puede implicar para cada persona? ¿Uno en el que todo sea de todos y se reparta de acuerdo con las necesidades de cada quién?
Un sistema así es el que tiene Nueva Zelanda, por ejemplo, que tiene un sistema de pensión universal. En el caso de España, por ejemplo, el sistema es de reparto público, lo que implica que las cotizaciones las pagan los trabajadores pero para financiar, a través de un fondo común (sistema de reparto) a las personas mayores, es decir, se basa en la solidaridad entre generaciones. En el caso de Chile, tenemos un sistema de capitalización individual a través de empresas privadas, donde cada persona es responsable de juntar un fondo suficiente en su cuenta para tener una pensión suficiente. A partir de 2008, se agregó un pilar solidario, que garantiza una pensión mínima a quienes no tienen fondos en sus cuentas o cuyas pensiones son insuficientes. El países como Inglaterra la decisión ha sido implementar un sistema mixto multipilares, que combina elementos de unos y otros para garantizar pensiones suficientes y bajar los riesgos de que el envejecimiento excesivo de la población encarezca todo el sistema. De todos estos sistemas, el que otorga peores pensiones es el de Chile.
En el caso de Chile, la discusión, además, ha estado teñida por la posibilidad o imposibilidad de que el Estado pueda ser también administrador de fondos de pensiones, así como el origen del sistema de Fondos de Pensiones, instaurado durante la dictadura cívico militar, lo que impidió la deliberación democrática sobre el mejor sistema; deliberación que, en los próximos meses, será parte de la conversación constitucional.