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Conflictos socio-ambientales y la Constitución

31/05/2021

Si de choque de derechos hablamos, el de la protección al medioambiente con el de propiedad y libertad de empresas es quizás uno de los que más chispas saca cuando se enfrentan. Derechos de agua en manos de privados conviviendo con sequía y comunidades abasteciéndose de camiones aljibe; comunidades afectadas por contaminación de diferente tipo conviviendo con empresas con millonarias ganancias, ¿dónde está el equilibrio? Este será sin duda un debate central en la discusión de la asamblea constituyente y una ecuación no fácil de cuadrar, porque nuestra economía depende de la explotación de recursos naturales, pero las consecuencias ambientales deben ser incorporadas y mitigadas, especialmente porque afectan a poblaciones.

¿Dónde está el equilibrio? Este será sin duda un debate central en la discusión de la asamblea constituyente y una ecuación no fácil de cuadrar

Así lo registra el informe de desempeño ambiental de Chile, elaborado por la OCDE en 2016, que señala que: “a raíz de la creciente actividad económica, de una mayor extracción y uso de recursos naturales, y del desarrollo y la expansión de la infraestructura, se intensifican las presiones que sufre la variada diversidad biológica de Chile. La profunda desigualdad en materia de ingresos exacerba los conflictos ambientales y alimenta la desconfianza. Los objetivos relacionados con la diversidad biológica se están integrando progresivamente en otras áreas de política, como la agricultura, la silvicultura y la minería, pero aún no se han materializado resultados tangibles”.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en la actualidad existen 127 conflictos socio ambientales, de los cuales 70 están activos, 33 latentes y 24 están cerrados, en este link puedes revisar esta información actualizada. Se trata de disputas que se hacen públicas entre diferentes actores, personas naturales, organizaciones, empresas pública y privadas y también el Estado. En lo concreto, este choque de derechos constitucionalmente consagrados generan conflictos que requieren de un marco constitucional de confianza, transparencia y participación para ser resueltos.