En una entrada anterior, discutimos algunos elementos relevantes sobre la relación de la Convención Constitucional con los demás poderes y órganos del Estado, especialmente durante el trabajo de aquella. Sin embargo, poco se ha discutido sobre el proceso de implementación de la nueva Constitución y cómo esto debiera influir en la naturaleza del próximo gobierno.
Surge de inmediato la pregunta de qué manera la nueva Constitución, cuyo texto debe estar listo en julio-agosto del próximo año, es decir al inicio del nuevo periodo Presidencial, va a determinar el próximo gobierno.
Por ejemplo, qué sucedería si el texto propuesto establece un régimen parlamentario en donde el Gobierno debe ser elegido por el nuevo Congreso. ¿Debiera la nueva Constitución establecer un llamado general en el corto plazo a elecciones de todas las autoridades del país para adaptarlas al nuevo esquema? O ¿debiera establecerse un cronograma de medio y largo plazo que no altere la naturaleza del próximo periodo presidencial?
La experiencia comparada es, al respecto, bien heterogénea y su análisis debe considerar con cuidado las circunstancias políticas e institucionales de cada proceso para entender el modo cómo fueron discutidas e implementadas las distintas constituciones.
En algunos casos, por ejemplo, como en Ecuador, la Asamblea decretó el receso del Congreso ecuatoriano y pasó a actuar con plenos poderes, dictando legislación común durante su funcionamiento en conjunto con la preparación de un texto de nueva constitución. En el caso del proceso constitucional de la República Plurinacional de Bolivia la nueva Constitución fue promulgada por el entonces Presidente en ejercicio, Evo Morales, y se celebraron nuevas elecciones presidenciales el mismo año de promulgación. En Colombia, la Asamblea Constitucional estableció que una vez promulgada la nueva Constitución, se debía llamar a una elección general del Congreso en un plazo no mayor a cinco meses desde la promulgación.
En el caso de Gana en 1992, se estableció por la misma nueva Constitución que debían crearse y llamarse a elecciones respecto de varias instituciones bajo el nuevo sistema de Gobierno incluidas comisiones de justicia transicional, auditores generales transitorios, distribución de competencias transitorias, etc., todas medidas que modifican sustancialmente la naturaleza del Gobierno entonces en ejercicio.
La Constitución de Kenia adoptada en 2010 estableció un cronograma entre seis meses a tres años, referido a más de sesenta materias (que incluían la creación de organismos y el llamado a elecciones), los que también alteró radicalmente la naturaleza del Gobierno en ejercicio. Por lo mismo, el Gobierno adoptó organismos para coordinar y supervisar la implementación de todas las medidas dentro de los plazos y de la manera más leal con el nuevo texto Constitucional.
Revisa este documento del PNUD sobre procesos de cambio constitucional en el mundo.