16/08/2021
Los problemas de la educación chilena, en todos sus niveles, desde los niveles de escolarización universal (básica y media obligatorios), junto con los niveles no obligatorios (pre-escolar y superior) son un asunto de urgencia y relevancia pública.
Las brechas educacionales determinadas por factores económicos son altas, lo que repercute también en el nivel de la calidad donde estudiantes de altos recursos acceden a niveles de educación significativamente más altos que los estudiantes de bajos recursos
Los resultados de la prueba PISA 2018 revelan una realidad que no es auspiciosa y muestran cómo seguimos estancados en el ranking. En lectura ocupamos el lugar 43 de 79 países con un promedio de 452 puntos, debajo de los 487 puntos promedio de la OCDE. En ciencia ocupamos el lugar 45 con un promedio de 444 puntos, también debajo del promedio OCDE de 489 puntos y en Matemática ocupamos el lugar 59 con un promedio de 417 puntos nuevamente bajo el promedio OECD de 500 puntos.
Las brechas educacionales determinadas por factores económicos son altas, lo que repercute también en el nivel de la calidad donde estudiantes de altos recursos acceden a niveles de educación significativamente más altos que los estudiantes de bajos recursos. En términos del rol fiscalizador del estado, y sin perjuicio de la creación de la Superintendencia de Educación, también se observa aún mucho incumplimiento de la normativa sectorial. El COVID-19 también develó parte de las desigualdades estructurales en Chile. Docentes, directivos, sostenedores, apoderados y estudiantes vieron trastocado el proceso educacional, teniéndose que adaptar a nuevas formas educacionales. Las brechas educativas son evidentes en Chile, especialmente respecto a las grandes desigualdades en el acceso y manejo de las tecnologías. Por otro lado, y según Educación 2020, la educación pública muestra una realidad preocupante. La matrícula en la educación escolar pública ha descendido sostenidamente de un 80% en 1973 a un 35% actual.
La educación como un derecho fundamental garantizado supone ponerla al centro del debate público en la medida que compromete múltiples aspectos de la vida en comunidad; desde desarrollo personal y capacidades laborales y de conocimiento, hasta el fortalecimiento de la comunidad comprometida con principios y valores democráticos. Todo lo mencionado implica, por lo tanto, revisar el sistema completo, desde las instituciones, normativas, financiamiento, regulación de los proveedores, sistemas de evaluación y currículum. Por lo mismo, la nueva Constitución es una oportunidad única de transformar el derecho a la educación de una manera tal que sea el reflejo de una comunidad democrática que se toma en serio el compromiso de la igualdad de todas y todos los ciudadanos.