08/11/2021
En la actual crisis de legitimidad de las democracias, hay cierto consenso de que no es posible superarla sino es a partir de aumentar la confianza de los ciudadanos con sus instituciones y quienes forman parte de ellas. El problema es el cómo, porque al igual que cuando alguien traiciona nuestra confianza no es fácil volver a confiar, necesitamos pruebas concretas y ¡qué difícil es ese proceso con las instituciones políticas!
Pareciera entonces que para construir instituciones íntegras y veraces hay que empezar por aumentar la participación de los ciudadanos y ciudadanas y mejorar los mecanismos de transparencia y control en la función pública. Que las instituciones políticas sean espacios efectivamente democráticos todo el tiempo, no sólo cuando hay elecciones.
Para el historiador francés, Pierre Rosanvallon, la clave para superar la actual crisis de la democracia estaría en elegir “gobernantes” o representantes que encarnan los elementos que son constitutivos de la confianza, los dos esenciales son la integridad -que da una información importante sobre la calidad de las personas- y el hablar veraz -que permite construir el tipo de relación cognitiva constitutiva de confianza-.
Este autor da cuenta de un tema clave: se dice que vivimos en democracia tan sólo porque votamos en las elecciones, pero que no se nos gobierna de forma democrática, porque la acción de los gobiernos no obedece a reglas claramente establecidas de transparencia, de ejercicio de la responsabilidad, de responsividad o de escucha a los ciudadanos.
Pareciera entonces que para construir instituciones íntegras y veraces hay que empezar por aumentar la participación de los ciudadanos y ciudadanas y mejorar los mecanismos de transparencia y control en la función pública. Que las instituciones políticas sean espacios efectivamente democráticos todo el tiempo, no sólo cuando hay elecciones.
En el caso de nuestro país, el año 2005 se realiza una reforma constitucional que incorpora el principio de transparencia en el texto constitucional estableciendo que los actos y resoluciones de los órganos del Estado son públicos, y que “solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secretos de estos...” en concordancia con lo cual se dicta el año 2008 la Ley N° 20.285 sobre acceso a la función pública que regula el principio de la transparencia en la función pública y el derecho de las personas a acceder a la información de los órganos de la administración del Estado.
Si bien es valorado el avance que esto ha significado, pareciera no ser suficiente porque en la práctica no se aplica como es esperable por los expertos y la ciudadanía. Así, María Jaraquemada, de IDEA, plantea que es clave que la nueva constitución avance en “reconocer expresamente el derecho de acceso a la información pública y repensar el diseño institucional vigente de modo que haya, por un lado, una efectiva coordinación entre todas las entidades que hoy tienen un rol en promover la probidad, y por otro, que se concrete efectivamente este principio y las políticas públicas que se derivan de éste a través de una implementación real en todas las entidades del Estado”. Para más información te invitamos a leer este artículo.