14/12/2021
Iniciativas como las farmacias y las inmobiliarias populares o la más reciente discusión en torno a permitir a los municipios envasar el gas, son parte de las iniciativas que los gobiernos locales impulsan buscando tener mayor autonomía para resolver los problemas de sus vecinos. Es, de alguna manera, una muestra de que la falta de autonomía de los gobiernos locales es un problema y que es algo urgente que debe ser abordado en una nueva constitución.
Parece haber consenso en la necesidad de empoderar a los Gobiernos regionales y las municipalidades, en particular, con transferencias de competencias del gobierno central a las regiones (por ejemplo, competencias fiscales) y la administración autónoma de presupuesto para la elaboración e implementación de políticas públicas que hayan sido pensadas desde y por los propios gobiernos locales.
La pandemia ha sido un buen ejemplo para evidenciar estos problemas y las demandas de los ciudadanos a sus gobiernos locales y al gobierno central. Por ejemplo, una encuesta publicada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) sobre las ayudas y medidas para afrontar la pandemia, mostró que un 70% de los encuestados piensa que los municipios han jugado un rol importante a la hora de enfrentar la pandemia. Además, un 83% “considera necesario que los municipios administren mayores recursos para enfocarlo en ayudas sociales”, y un 55% “prefiere que los municipios entreguen este apoyo” (AChM). En cualquier caso, parece sensato suponer que los y las ciudadanas saben perfectamente bien la relevancia que tienen los gobiernos locales y la necesidad de fortalecerlos y mejorar su funcionamiento.
Por otra parte, la pasada elección de los gobernadores regionales evidenció las múltiples demandas, esta vez a nivel de regiones, al gobierno central. Un vistazo por los programas de los y las gobernadoras electas deja claro que, sin perjuicio de la pluralidad de necesidades, problemas y de la heterogeneidad en múltiples ámbitos que muestran las distintas localidades de Chile, hay elementos comunes que vale la pena considerar al momento de discutir en la convención sobre el proceso de descentralización. Y uno de esos elementos centrales es la distribución efectiva de poder desde el gobierno central.
En efecto, parece haber consenso en la necesidad de empoderar a los Gobiernos regionales y las municipalidades, en particular, con transferencias de competencias del gobierno central a las regiones (por ejemplo, competencias fiscales) y la administración autónoma de presupuesto para la elaboración e implementación de políticas públicas que hayan sido pensadas desde y por los propios gobiernos locales. Además, también es transversal el reforzamiento de los mecanismos de democracia local para la identificación de las necesidades y en el diseño de los mecanismos para hacerles frente, fortaleciendo la participación de todos los actores sociales, económicos, culturales, etc. Este reforzamiento debe ir de la mano con medidas de transparencia y probidad en el uso de los recursos públicos.
De cualquier modo, vale la pena insistir sobre el rol central que cumplen los gobiernos locales especialmente en el día a día de las personas. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades, desde otorgar acceso a subsidios o medicamentos hasta la entrega de un permiso de circulación o patente comercial. Vale decir, los gobiernos locales son la cara más visible y cercana del Estado, por lo que reforzar y mejorar su funcionamiento implica mejorar la valoración del Estado en general y de las instituciones públicas en particular. Las municipalidades cumplen también funciones esenciales para toda la comunidad, por ejemplo, al elaborar y aprobar el Plan Comunal de Desarrollo y el Plan Regulador Comunal. Además, deben promover el desarrollo comunitario, regular el transporte y tránsito público, regular la construcción y urbanización, y ocuparse del aseo y ornato. Además, hay funciones que ejecutan de manera coordinada o compartida con otros órganos del gobierno central, como educación, salud, asistencia social, fomento productivo, urbanización o construcción de viviendas sociales, pro nombrar algunas.
La convención deberá deliberar sobre todo esto y más, buscando conciliar la forma de Estado con los niveles de competencias fiscales y presupuestarios, de definición e implementación de políticas sociales, entre muchas otras, que se le reconocerán a los gobiernos locales.