Como los derechos sociales se manifiestan generalmente en prestaciones o acciones directas del Estado (por medio de servicios como el sistema de salud, el sistema educacional o la seguridad social), es necesario generar, al mismo tiempo de consagrarlos, los mecanismos para su financiamiento.
Generalmente, en la medida que aumenta el catálogo de derechos sociales, el Estado va necesitando más recursos disponibles
Esto busca generar recursos que sean (i) suficientes con la naturaleza del compromiso que el Estado asume respecto de los ciudadanos y (ii) sostenibles temporalmente para que estos compromisos también los gocen las generaciones futuras.
Generalmente, en la medida que aumenta el catálogo de derechos sociales, el Estado va necesitando más recursos disponibles. Comúnmente, el mecanismo principal para el financiamiento de estas prestaciones son los impuestos.
Por lo tanto, cualquier discusión sobre los derechos sociales, debe ir acompañada de la discusión por su financiamiento y por el sistema tributario necesario para lograr esos fines que consideramos fundamentales. Sin perjuicio de que coexisten otros modos para aumentar los recursos disponibles para financiar los derechos sociales, lo cierto es que los impuestos juegan un rol central en esta función. Por ejemplo, si el promedio de la OECD muestra que los impuestos representan casi un 34% del PIB, en Chile los impuestos representan un 20% del PIB. Revisa estos datos de la OECD acá.