14/03/2022
El viernes 4 de marzo el pleno de la convención aprobó en particular el inciso segundo del artículo 1 referido a la crisis climática y ecológica, donde se establece que “El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza”. Así, cómo fue ampliamente difundido por los medios, el primer informe de la Comisión de Medioambiente y Modelo económico fue rechazado en su casi totalidad, con 34 artículos rechazados en general en la sesión del jueves 3 de marzo y 5 en la votación particular del viernes 4.
Respecto de todo este conjunto de normas, existe en general una visión de que tenían problemas de redacción, algunas objeciones técnicas y también el cuestionamiento de si tienen realmente rango constitucional o más bien son del ámbito de legislación específica, reglamentaria o de políticas públicas en la materia.
Dentro de los artículos rechazados, y que fueron devueltos a la comisión para ser revisados y mejorados, se encuentran varios relacionados con la Crisis Climática, su reconocimiento como consecuencia de la actividad humana, la obligación del Estado de destinar recursos para crear un sistema de estudio y monitoreo permanente, así como el deber de fomentar ciudades sostenibles a través de planes y programas específicos.
También se rechazaron los artículos respecto del reconocimiento y protección de los derechos de la naturaleza. De los 8 artículos presentados y que no lograron ser aprobados se establecía, entre otros, los deberes del Estado con la naturaleza, la responsabilidad frente a los daños que se le ocasionen, la posibilidad de establecer restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medioambiente y los derechos de la naturaleza, así como la revisión histórica de las intervenciones humanas y la acción de tutela ambiental.
Otros artículos rechazados se vinculan a medioambiente y biodiversidad, así como las definiciones de bienes comunes naturales, sus usos y regímenes especiales. También eran parte de este primer informe, la gestión de residuos y el deber del Estado de promover sistemas productivos y de consumo que minimicen la generación de residuos, y garantizar e incentivar el reciclaje y otras acciones relacionadas. A ello se sumaban normas relacionadas con la biodiversidad, el derecho de los animales no humanos, los principios ambientales, deberes de protección y democracia ecológica y plurinacional entre otros.
Respecto de todo este conjunto de normas, existe en general una visión de que tenían problemas de redacción, algunas objeciones técnicas y también el cuestionamiento de si tienen realmente rango constitucional o más bien son del ámbito de legislación específica, reglamentaria o de políticas públicas en la materia. También se generó un debate respecto de las complejidades de ciertas comisiones en relación con otras, dando cuenta de que la manera de enfrentar el trabajo no es igual para todas ellas y que cómo proceso no deja de generar permanentes aprendizajes de cara a contar con un texto final. Es por ello que también genera expectación de qué manera la Comisión trabajará en torno a estas normas rechazadas para presentar una propuesta mejorada al Pleno de temas que, cómo hemos visto a lo largo de este proyecto, son de amplio interés ciudadano.