24/01/2022
La conversación en torno a los derechos fundamentales logra una amplia acogida entre las personas con participación ciudadana a través de videos, comentarios a las publicaciones y propuestas más concretas. En estos tres últimos meses fuimos acompañando las temáticas que cada uno de los cuatro bloques abordó en las semanas de deliberación, posterior a las audiencias públicas. Se invitó a las personas a participar en las diferentes modalidades coincidiendo con las semanas de deliberación de cada una de las subcomisiones.
Sobre cómo financiar los derechos, las miradas son más bien críticas a subir impuestos y con mucha desconfianza de la efectividad de la medida y el destino final de los recursos.
Se quiso indagar en qué derechos consideraban las personas que se producían “más choques” respecto de su titularidad no existiendo posturas claras al respecto y centrándose más bien en qué derechos cada participante le gustaría ver garantizado. Sobre cómo financiar los derechos, las miradas son más bien críticas a subir impuestos y con mucha desconfianza de la efectividad de la medida y el destino final de los recursos.
La pregunta respecto de si se considera que debiera existir la reserva de la ley con una orientación protectora del derecho de propiedad o más bien de otros derechos fundamentales, emerge con fuerza la defensa del derecho a la propiedad, con argumentos respecto de que está presente en constituciones de países desarrollados, que permite el desarrollo de un país, sumándose la mención a otros derechos.
Sobre derechos específicos empezamos a profundizar sobre algunos más puntuales, siendo destacable el debate en torno a si había acuerdo en que el trabajo doméstico sea reconocido como una forma específica de actividad económica. La mayoría de los participantes en el debate fueron mujeres las que consideraban que era justo su reconocimiento, junto con los cuidados en general, dado que representa un 21% del PIB, es un trabajo como cualquier otro que se invisibiliza y que a su vez genera riqueza, y al no ser reconocido deja a las mujeres en condiciones de desventaja respecto de otros trabajos remunerados (pensiones, acceso a la salud, y otros).
Respecto al derecho a voto en el extranjero se profundizó en si era pertinente eliminar el requisito de residencia por dos años a quienes siendo chilenos no han nacido en suelo nacional. Encontramos dos líneas argumentales principales. Por un lado quienes piensan que sí, que al ser chilenos debieran tener todos los derechos sin condiciones, y por otro, el que si no viven y no nacen en nuestro país no debieran tener mayor injerencia en las decisiones.
Respecto de los derechos sexuales y reproductivos, no hay un acuerdo unánime de si se debieran incluir en la constitución como tal, generando un debate respecto de valores como la diversidad y la tolerancia y cómo ello si se consagra constitucionalmente.También se abordó la conversación en torno a consagrar el derecho a una buena administración pública, donde hay un amplio acuerdo sobre todo, como una manera más eficiente de hacer frente a la corrupción.
Más de 1.500 comentarios tuvimos al preguntar respecto de si se estaba de acuerdo con que la eutanasia estuviera contemplada en la nueva constitución, con una posición casi unánime a favor argumentando que es dar dignidad a la etapa final de la vida, la importancia del buen morir, respetar las decisiones de las personas y familias en momentos difíciles. Sin embargo, en otros temas vinculados a protección a las personas mayores, se generó muy poca interacción como al sugerir la creación de la figura del Defensor de las personas mayores.
Otro tema que tuvo mucha interacción fue la pregunta de si se estaba de acuerdo con rebajar a los 16 años el derecho a voto para el plebiscito de salida, donde vimos un grupo que está de acuerdo, particularmente por el rol que jugaron los jóvenes en iniciar el proceso de redacción de una nueva constitución. Pero por otra parte, y con mucha fuerza, se presenta el argumento de que debiera también rebajarse la edad de responsabilidad penal a los 16 años, dando a entender que deben existir tanto derechos como deberes equiparados.