16/08/2021
Creado el año 2005 por medio de la ley nº 20.027 que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior, el Crédito con Aval del Estado (CAE) comenzó a operar el año 2006, como una política pública que otorga, por medio de una comisión del Estado (Comisión Ingresa), un beneficio a estudiantes que deseen ingresar a una carrera en alguna Institución de Educación Superior (IES).
La pregunta es si la nueva Constitución puede decir algo al respecto. En principio, al ser una política pública establecida por ley y regulada por reglamentos sectoriales, podría argumentarse que la Constitución tiene poco o nada que decir sobre esta materia.
El beneficio, en términos muy generales, es un crédito donde el Fisco concurre como aval frente a instituciones financieras (principalmente bancos) que vayan a entregar este mecanismo de financiamiento, junto con subsidiar parte del costo del crédito asociado a la tasa de interés que habitualmente cobran estas instituciones.
Varias instituciones y organismos participan de esta política pública. Por de pronto, el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Comisión Ingresa que es un servicio público descentralizado que forma parte de la Administración del Estado dependiente del Ministerio de Educación. Además participan el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la Tesorería General de la República y la CORFO.
La pregunta es si la nueva Constitución puede decir algo al respecto. En principio, al ser una política pública establecida por ley y regulada por reglamentos sectoriales, podría argumentarse que la Constitución tiene poco o nada que decir sobre esta materia. En efecto, la decisión del legislador fue el establecimiento de esta política pública respecto de la cual, la actual Constitución sólo habría permitido su determinación, pero no su diseño mismo. Por lo mismo, es la legislación y no una Constitución, quién debe diseñar las políticas públicas. Por otro lado, puede argumentarse que la Constitución, al fijar el marco donde los distintos actores públicos y privados interactúan y definen las reglas del juego, si puede tener algún rol más relevante al momento de evaluar la pertinencia y corrección de una política pública como el CAE.
Lo cierto es que sea cual sea la definición que termine por adoptarse en la propuesta de nueva Constitución, será necesario evaluar, tanto constitucional como técnicamente, cómo se ajusta, mantiene, adecúa, reforma o reemplaza el CAE para las nuevas generaciones de estudiantes. Lo anterior pues la nueva Constitución va a redefinir el rol del Estado, a través del Fisco en este caso, en la provisión y garantía del derecho fundamental de la educación. Y eso necesariamente va a llevar a revisar las bases con las cuales se diseñó y funciona esta política pública.