29/06/2021
En un artículo anterior, dijimos que hablar del derecho a la vivienda supone atender a cuestiones disímiles pero interrelacionadas que influyen en cómo se garantiza este derecho, entre los cuales estaba el lugar geográfico de las viviendas, especialmente en lo referido a las viviendas sociales.
El nivel socioeconómico tiene un impacto en los efectos de la actual pandemia en donde la población de más bajos recursos experimenta efectos más severos.
Lo anterior es especialmente relevante cuando las grandes ciudades pueden exacerbar muchas de las desigualdades materiales entre ciudadanos, segregando a grupos de la población, especialmente los más desventajados, en zonas geográficas carentes de muchas de las condiciones necesarias para una vivienda adecuada.
Chile evidencia una fuerte desigualdad territorial especialmente urbana. Santiago, por ejemplo, muestra altos grados de segregación residencial asociadas a los sectores de más bajos ingresos. La crisis sanitaria del COVID-19 evidenció esta desigualdad geográfica mostrando cómo esta influye en la manera como la pandemia afecta a la población.
Un artículo reciente publicado en la prestigiosa revista Science (un resumen acá), estudió cómo la infección y mortalidad producto del COVID-19 están asociadas al nivel socioeconómico de las comunas del Gran Santiago, junto a factores como el funcionamiento del sistema de salud. El estudio muestra que el nivel socioeconómico tiene un impacto en los efectos de la actual pandemia en donde la población de más bajos recursos experimenta efectos más severos.
Esto devela la urgencia y necesidad de que la Convención discuta la mejor manera de cómo la nueva Constitución reconozca este derecho humano.